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El señor Astrue, Comisionado del Seguro Social hace un llamado a la Asamblea del estado de California a que se apruebe sin demora el proyecto de ley que pondría final a las cesantías de empleados estatales cuyos salarios son financiados por el gobierno federal

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Jueves, 25 de febrero del 2010 Mark Lassiter, Oficial de Prensa
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Seguro Social

Comunicado de Prensa

El señor Astrue, Comisionado del Seguro Social hace un llamado a la Asamblea del estado de California a que se apruebe sin demora el proyecto de ley que pondría final a las cesantías de empleados estatales cuyos salarios son financiados por el gobierno federal

Pide que el gobernador retire la amenaza de veto y que no apele la demanda

Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, hizo un llamado hoy a la Asamblea Estatal Californiana a que apruebe sin demoras el Proyecto de Ley 29 del Senado. Esta ley, la cual ya ha sido aprobada por el Senado del estado, daría final a la práctica de cesantía de empleados estatales cuyos salarios son financiados por el gobierno federal, práctica que un juez de la corte suprema del estado de California sostuvo como ilegal. 

Alrededor de unos 1,500 empleados bajo esta clasificación tienen la responsabilidad de revisar las solicitudes de beneficios de Seguro Social por incapacidad en el estado de California. Los contribuyentes californianos, empleados estatales y las personas que solicitan los beneficios por incapacidad se están perjudicando como resultado de estas cesantías, y nadie se beneficia. Cada día de cesantía le cuesta al estado de California unos $850,000 en rembolsos administrativos y demoras en los pagos de beneficios de Seguro Social a razón de más de $420,000 para residentes del estado que están incapacitados y necesitados.

«El cesantear a examinadores de solicitudes de beneficios por incapacidad no tiene ningún sentido bajo ninguna circunstancia, y es una muestra de insensibilidad a la vista de la situación económica crítica por la que estamos pasando», declaró el Comisionado Astrue. «El Congreso autorizó medio billón de dólares a través de la Ley de Recuperación Económica para contratar personas con la idea de reducir la cantidad de casos pendientes y el estado de California está llevándole la contraria al Congreso al reducir unilateralmente la cantidad de empleados en forma de castigo que también causa daño a los cofres del estado.»

«Es hora que el gobernador Schwarzenegger renuncie a su política reprobada de cesantías renunciando a su amenaza de vetar el Proyecto de Ley Steinberg Núm. 29 del Senado y declinando a apelar el fallo en el caso de demanda. La equidad, la compasión y el sentido común, todos exigen esa resolución.»

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