Seguro Social
Comunicado de Prensa
El señor Astrue,
Comisionado del Seguro Social hace un llamado a la Asamblea del
estado de California a que se apruebe sin demora el proyecto
de ley que pondría
final a las cesantías de empleados estatales cuyos salarios
son financiados por el gobierno federal
Pide que el gobernador retire la amenaza de veto y
que no apele la demanda
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, hizo un llamado
hoy a la Asamblea Estatal Californiana a que apruebe sin demoras
el Proyecto de Ley 29 del Senado. Esta ley, la cual ya ha sido
aprobada por el Senado del estado, daría final a la práctica
de cesantía de empleados estatales cuyos salarios son financiados
por el gobierno federal, práctica que un juez de la corte
suprema del estado de California sostuvo como ilegal.
Alrededor de unos 1,500 empleados bajo esta clasificación
tienen la responsabilidad de revisar las solicitudes de beneficios
de Seguro Social por incapacidad en el estado de California. Los
contribuyentes californianos, empleados estatales y las personas
que solicitan los beneficios por incapacidad se están perjudicando
como resultado de estas cesantías, y nadie se beneficia.
Cada día de cesantía le cuesta al estado de California
unos $850,000 en rembolsos administrativos y demoras en los pagos
de beneficios de Seguro Social a razón de más de
$420,000 para residentes del estado que están incapacitados
y necesitados.
«El cesantear a examinadores de solicitudes de beneficios
por incapacidad no tiene ningún sentido bajo ninguna circunstancia,
y es una muestra de insensibilidad a la vista de la situación
económica crítica por la que estamos pasando»,
declaró el Comisionado Astrue. «El Congreso autorizó medio
billón de dólares a través de la Ley de Recuperación
Económica para contratar personas con la idea de reducir
la cantidad de casos pendientes y el estado de California está llevándole
la contraria al Congreso al reducir unilateralmente la cantidad
de empleados en forma de castigo que también causa daño
a los cofres del estado.»
«Es hora que el gobernador Schwarzenegger renuncie a su
política reprobada de cesantías renunciando a su
amenaza de vetar el Proyecto de Ley Steinberg Núm. 29 del
Senado y declinando a apelar el fallo en el caso de demanda. La
equidad, la compasión y el sentido común, todos exigen
esa resolución.»
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